Como consecuencia de su indispensable participación en el combate al narcotráfico y del crimen organizado, el Ejército y la Marina de nuestro país se vieron envueltos en muchos problemas de carácter legal y controversial por las denuncias, pocas por fortuna, de violaciones a los derechos humanos en su actuar contra la delincuencia organizada, lo cual ha generado críticas a las instituciones más respetables de México, el Ejército y la Marina, las cuales fueron originadas a veces por situaciones reales y otras por enemigos de nuestras instituciones, inventando o magnificando errores en la actuación de las fuerzas armadas, debido a ésto, desde el año pasado el Secretario de la Defensa Nacional, solicitó al Congreso un marco legal que le diera garantías en su actuación contra el crimen organizado (narcotráfico), que se establecieran claramente los conceptos de seguridad nacional, amenaza, seguridad interior y defensa exterior, como consecuencia de esta petición, por demás justificada, el Senado aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional la cual regula y delimita la participación de las fuerzas armadas del país.
Entre otras cosas, ha sido acotada su participación, para no reprimir movimientos sociales, ni podrá ejercer su fuerza en las calles contra movimientos políticos sociales o electorales.
Se vinculan en esta reforma el respeto los derechos humanos que deberá existir en toda relación y acción con la población civil, por ejemplo, un protocolo que soldados y marinos deberán seguir al encontrarse con civiles como por ej. en los retenes que es donde más quejas y problemas se han suscitado contra las Fuerzas Armadas, incluyendo asesinatos de civiles como en Tamaulipas.
Esta reforma, según Don Beltrone; “Permitirá replantear la estrategia de combate al crimen organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos y seguridad para las fuerzas armadas”.
Lo anterior parece positivo a primera vista, sin embargo, esta reforma tiene también graves deficiencias como por ejemplo;
Las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) sólo podrán actuar en la federación, es decir en los estados, “a petición de los gobernadores y los congresos locales. Los presidentes municipales podrán solicitar su intervención a través de los diputados locales”.
Lo anterior resulta un gravísimo error, pues sería infantil que los señores feudales o virreyes vayan a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas; ya que esto significaría una confesión de su ineptitud e incapacidad para controlar y combatir a la delincuencia organizada, por lo tanto, será prácticamente imposible, ya que los señores feudales o virreyes son perfectos y todopoderosos en sus respectivas ínsulas y controlan además a los Congresos Locales, por lo que esta Ley no resuelve de ninguna manera el problema de fondo.
¿Usted cree amable lector que el gobernador de Michoacán, sus alcaldes o el gobernador de Morelos habrían solicitado la intervención de las Fuerzas Armadas en algún momento, exhibiendo su torpeza e ineptitud? Seguramente que no.
No es posible dejar al libre arbitrio de las autoridades locales una decisión tan importante sobre la seguridad y la vida misma de los ciudadanos sin considerar, por encima de todo, la situación de los ciudadanos afectados por el crimen organizado, que necesitan su auxilio inmediato (de las Fuerzas Armadas), por no contar con el apoyo de las Fuerzas de seguridad locales y peor aún, cuando puede ser contraproducente solicitarlo.
Consideramos que esta Ley, en lugar de aumentar la seguridad de los ciudadanos, la limita al estrecho criterio de personas sometidas a los virreyes (alcaldes y diputados locales), que se han caracterizado por su tolerancia y pasividad a la actuación del crimen organizado en sus estados, y que solicitarán el auxilio de las Fuerzas Federales, sólo en caso de que se vean obligados a hacerlo, para aparentar tranquilidad con fines políticos, sin importarles la situación de los ciudadanos. Así pues, la Reforma deja en manos de los virreyes la facultad de pedir al Presidente movilizar al Ejército contra os criminales lo cual sin duda significara más impunidad para el crimen organizado.
Todos sabemos que uno de los principales problemas de la seguridad (los otros son la pobreza y la ignorancia) es la corrupción y la colusión de muchos gobernantes, políticos y funcionarios con el crimen organizado, al grado de que muchos municipios, y quizá estados, ya están de facto en manos de algún cártel, sin solicitar apoyo federal, ni tomar en cuenta a los ciudadanos; podemos hablar de Ciudad Juárez, Tampico, Acapulco, Mazatlán, Cuernavaca, Morelia, etc, cuyos alcaldes y respectivos gobernadores han sido señalados, al menos, como complacientes con determinados grupos criminales. Nayarit, al parecer, también va por ese camino.
Ojalá que nuestros diputados federales, de los que no esperamos mucho, pudieran modificar esta Ley y le dejaran la facultad de ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas, en el caso específico del combate al narcotráfico, directamente al Presidente de la República, dado el desprestigio de casi todos los virreyes y de los legisladores. Si pasa la Reforma como la aprobó el Senado, la seguridad nacional se burocratizará enormemente.
Nuevamente vale la pena mencionar que tal vez sea ya tiempo de iniciar un debate serio entre todos los sectores de la sociedad sobre la posibilidad de legalizar la producción, distribución y consumo de algunas drogas, para disminuír o evitar la ola de violencia que afecta nuestro país con cerca de 23 mil muertos en cuatro años.
Aparejado a este debate, deben de implementarse intensos programas de prevención y tratamiento de las adicciones, más educación sobre este tema, y sobre todo generar desarrollo y crecimiento del empleo, para evitar que los jóvenes sigan siendo la carne de cañón de los carteles, y así disminuír la violencia generada por la distribución y el consumo de drogas.
Debemos considerar el hecho de que los gringos ya legalizaron la marihuana en varios estados, p. ej. En California, donde ya se produce y comercializa hasta tiene una Universidad para el estudio de la producción y distribución de esta droga; la de Oarkterdam, en el norte de California, en Oakland, para ser precisos.
¿Usted qué opina, amable lector?
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