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| Con estos diputados dormilones Ney hace lo que quiera |
Es pertinente decir, que el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hace unas tres semanas destacó el considerable aumento que han tenido en los últimos 19 meses (desde Diciembre del 2008 a Junio del 2010) las deudas públicas municipales y estatales señalando que el incremento fué 33 por ciento al pasar de 203 mil millones a 270 mil millones de pesos, sin embargo, en Nayarit ese incremento fué del 68.1 por ciento al pasar de 1539.7 millones en Diciembre del 2008 a 2588.3 en junio del 2010.
También es necesario señalar que Nayarit es uno de los pocos estados en que la deuda pública excede a las participaciones recibidas, pues a agosto había recibido 2112.8 millones y adeudaba 2588.3 millones es decir, más de un 122 por ciento de las participaciones recibidas, situación muy riesgosa también señalada por el Secretario de Hacienda. Lo anterior hace que nuestro estado sea el tercero proporcionalmente más endeudado del país.
Hay que mencionar que la deuda pública a junio del 2010, representa el 82 por ciento de las participaciones federales estimadas para todo el 2010 y más del 57 por ciento del presupuesto directo de egresos 2010.
Cabe hacer el comentario de que aún pueden ejercerse otros 25 millones de pesos para el estado y 132 millones de préstamos para los municipios, autorizados desde 2009, y además, es posible que la mayoría de los diputados (en particular tricolores) se preste a aprobar otro préstamo del orden de 1700 millones de pesos más, con lo cual la deuda pública llegaría a los $4435 millones de pesos, en cuyo caso, el estado perdería su viabilidad financiera y la posibilidad de implementar proyectos y obras para el desarrollo y bienestar de los Nayaritas en el futuro, lo cual resultaría un crimen contra el desarrollo del estado.
Debemos precisar que el monto actual de la deuda pública ($2588.3 millones) sólo es el existente con Instituciones de Crédito, banca Comercial o de desarrollo, y no incluye compromisos de pago a proveedores y contratistas, ni las aportaciones por pagar al Fondo de Pensiones de los trabajadores al Servicio del Estado, (Burocracia y Magisterio) por casi 200 millones.
Así pues, la Deuda con Instituciones Financieras, a una tasa promedio de TIIE más 2 puntos, llegará hasta el 7 por ciento anual, que aplicados al monto total de $4435 millones generaría intereses a pagar de más de 300 millones al año, que equivalen al presupuesto de egresos anual de varios de nuestros municipios más pequeños y puede representar hasta el 6.6 por ciento del presupuesto directo estatal para 2010, situación a todas luces irracional que raya en la perversión contra el pueblo.
Recordemos que una Deuda excesiva debilita las finanzas y esta debilidad se traduce en menos salud, educación, obra pública, empleo y sobre todo, seguridad, al quedar hipotecado el desarrollo futuro del estado, pues existen créditos a plazos de más de 20 años.
De todo lo anterior se desprenden algunos cuestionamientos:
¿En qué se gastaron esos 2588 millones de pesos que ya se adeudan?, ¿Por qué autorizan los diputados locales toda petición del Ejecutivo? ¿Quiénes son responsables de esta situación?
¿Qué parte de la Deuda fué gasto corriente y cuánto fué obra pública?
¿En qué se gastarán los $1700 millones adicionales?
¿Serán para campañas priístas o para el año de Hidalgo?
Desde luego, esta gravísima situación obedece a causas políticas que se han generado por la ausencia de un adecuado sistema rendición de cuentas y la sumisión del poder Legislativo al Ejecutivo, al amparo de la impunidad que brinda la opacidad de nuestras leyes.
La falta de transparencia y rendición de cuentas, ha llevado a este estado a gastar más de lo que recibe, comprometiendo ingresos que se espera recibir en años venideros y nos ha llevado a esta inconcebible y aberrante situación.
Por lo anterior Proponemos La Inmediata Modificación de la Ley Estatal de Deuda Pública para quedar claramente establecido que sólo podrán contratarse créditos que se liquiden dentro del plazo de la administración estatal o municipal que los solicite y por un monto no mayor al 20 por ciento del presupuesto directo.
¿Usted qué opina, amable lector?
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