En
nuestro estado y en nuestro país es muy común
que todos los niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, cometan
errores y arbitrariedades que le cuestan siempre al pueblo en términos
económicos, políticos y sociales, sin ninguna consecuencia o castigo para los
gobernantes.
Hoy
nos referiremos de nueva cuenta a la demanda de juicio político contra el
gobernador más ladrón que ha tenido Nayarit en toda su historia; Ney M.
González, que presentó hace aproximadamente
un mes el diputado Leopoldo Domínguez
González, que muy probablemente será
desechada por el congreso local integrado mayoritariamente por diputados
tricolores y además amigos, ex-empleados o cómplices del ex-gobernador, lo cual
le garantiza a éste la impunidad a
pesar de las pruebas de sus desvíos y trapacerías, pues cuenta además con la
complicidad del Auditor General del Órgano de Fiscalización, quien también le debe el puesto al perverso
ex-virrey .
Tristemente
parece ser que al nuevo gobierno, por razones de partido, tampoco le importa
que el corrupto sujeto demandado reciba ningún castigo por el saqueo de las
finanzas estatales que dejó con una deuda de casi 7 mil millones de pesos que
deberemos pagar todos durante casi 30 años.
Nos
asombra que a pesar de que este personaje dejó los Fondos de Pensiones del
Magisterio y la Burocracia con un déficit de cerca de 500 millones que pone en
peligro las pensiones y jubilaciones de miles de maestros y trabajadores de la
sección 49 del SNTE y del SUTSEM, las autoridades estatales guarden un silencio sepulcral y no levanten
un dedo para hacer una investigación formal del destino de esos cientos de millones que dejó de aportar o desvió sin
ninguna explicación la administración anterior, y que son la única garantía de
una vida digna para los maestros y trabajadores jubilados y próximos a hacerlo.
Al respecto, vale la pena comentar que el juicio
político en realidad no significa peligro alguno para el perverso
ex-gobernador, pues si se diera el milagro de que los diputados tricolores
cumplieran su deber frente al pueblo y
lo declaran culpable; pues el artículo 124
de la Constitución Política del Estado de Nayarit establece claramente en su párrafo tercero:
“LAS SANCIONES CONSISTIRÁN EN LA DESTITUCION DEL SERVIDOR PUBLICO Y EN SU
INHABILITACION PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES, EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES DE
CUALQUIER NATURALEZA EN EL SERVICIO PUBLICO”.
Como podrás ver amable y sufrido lector, este
castigo, si se diera, sólo le causaría al
demandado un ataque, pero de risa, pero ni ésto quieren hacer sus
paniaguados diputados tricolores.
Lo que deberá hacerse con posterioridad serán
demandas penales por los delitos que se tipifiquen, aunque lo más probable es
que dada la indiferencia y pasividad de las autoridades, tampoco procedan.
Pasando a otro tema, que ya es cosa juzgada, la
elección presidencial, vale la pena comentar que tanto el presidente Felipe
Calderón como el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Alejandro Luna Ramos han cometido graves faltas a la ética y
de sensibilidad política, por parte del
primero, al reconocer como ganador a Peña Nieto el mismo día de las elecciones,
sin tener aún los resultados oficiales, y también al reunirse con éste para
ponerse de acuerdo en la transmisión del Poder Ejecutivo antes de que termine
el proceso electoral con la validación que deberá hacer el Tribunal Federal
Electoral TEPJF hasta el día 6 de septiembre.
Por su parte, el Lic. Alejandro Luna, Presidente del
Tribunal Electoral, de manera por demás precipitada declaró a los dos días de
las elecciones que “lo que no se ganó en
las urnas no se ganará en la mesa,” y después calificó como “propaganda válida”
las tarjetas de prepago, que precisamente se exhibieron como pruebas de un presunto
fraude en los pasados comicios , con
estas declaraciones verbales, por
demás irresponsables, está adelantando resoluciones que debe, como magistrado o
juez, reservar para una sentencia o veredicto definitivo y fundamentado
conforme a derecho, después de que todo el cuerpo colegiado (TRIFE) haya
realizado una revisión exhaustiva.
Es evidente que el presidente y la cúpula panista
estaban de acuerdo con el triunfo de Peña Nieto, aún desde antes del día de las
elecciones, sin embargo no tenían autoridad moral para declararlo de esa manera,
pues el candidato y virtual presidente electo, sólo ganó con un 38 por ciento
de los votos emitidos (19.2 millones) que sólo equivalen al 24 por ciento del
total de ciudadanos que componen el padrón electoral de 79.2 millones.
También podrá desprenderse de todo esto que es
indispensable una reforma a la Constitución General de la República, para
establecer que si ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza la
votación de por lo menos el 50 por ciento más un voto, la elección se irá a una
segunda vuelta, como ya ocurre en varios países democráticos de Europa y
Sudamérica.
También pensamos, con base en los resultados
electorales, que al PRI solo podrán quitarle la presidencia (y también
gubernaturas) si el PAN y el PRD tienen
la capacidad y la inteligencia para aliarse y hacer un gobierno de coalición,
de lo contrario, mejor que se hagan el ánimo a vivir parasitariamente de las prerrogativas y las migajas o lacras
plurinominales por los próximos cien años por lo menos.
¿Usted qué opina amable lector?
