LA COMISION NACIONAL ANTICORRUPCION Y EL ENDEUDAMIENTO ESTATAL


Al parecer, existe la intención al menos por parte del presidente electo Enrique Peña Nieto, de combatir la corrupción durante su gobierno, como se desprende del borrador de proyecto de iniciativa para crear la COMISION NACIONAL ANTICORRUPCION entregado a los diputados y senadores, que reconoce el crecimiento de la corrupción en los últimos diez años, aunque en realidad la corrupción alcanzó la cúspide en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando se quebraron fraudulentamente bancos y grandes empresas de empresarios y banqueros amigos del presidente que ordeñaron sus empresas y las endeudaron con la banca comercial, también propiedades de influyentes personajes cercanos a ese corrupto presidente que hizo que el gobierno, o más bien el pueblo, cargara con una deuda que jamás contrajo por más de cien mil millones de dólares, que ocasionó que millones de mexicanos perdieran gran parte de su patrimonio familiar, así como inmuebles y casas habitación y nos endeudó por más de 30 años, deuda que en la actualidad no se ha pagado y todavía se adeudan por parte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (antes FOBAPROA)  a los bancos privados cerca de seiscientos mil millones de pesos más intereses (alrededor de 50 mil millones de dólares).
Los priistas pretenden redescubrir el hilo negro al decir que “El fenómeno de la corrupción se ha extendido en los años recientes”, olvidando sexenios como el de Salinas de Gortari, donde hubo magnicidios, endeudamiento desorbitado y hasta investigaciones polémicas con el apoyo de Brujas como “La Paca”, ¿recuerda usted?
La iniciativa es sin duda positiva, sin importar de donde venga siempre que fortalezca una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas, puesto que nuestro país según el INDICE DE PERCEPCION DE LA CORRUPCION (IPC), elaborado anualmente por “TRANSPARENCIA INTERNACIONAL” ubica a Mexico en el lugar 100 de 183 en materia de corrupción, siendo el numero 1 el menos corrupto y 183 el más corrupto, con una calificación de 3 de una escala donde cero es la mayor corrupción y diez es la menor, por lo que también en este renglón estamos reprobados como país; en América Latina, México ocupa el lugar 20 de 32 países en IPC, y en el Grupo de los 20, ocupa el lugar 16, es decir, con mucha corrupción.
Lo anterior pone de manifiesto la enorme necesidad de reducir la corrupción, que además se ve fortalecida por la gran impunidad de que gozan en México los políticos y funcionarios deshonestos en los 3 niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, pero sobre todo en los dos últimos, donde los congresos estatales y sus respectivos órganos de fiscalización, como empleados del Virrey o sátrapa en turno, se dedican a tapar las irregularidades y los fraudes que cometen contra el pueblo los Gobernadores, como en el caso de Nayarit con Ney M González, Coahuila con Humberto Moreira y otros ladrones de esta calaña, que pese a sus crímenes contra el patrimonio de su estado y de sus ciudadanos, gozan de absoluta impunidad y la protección de sus sucesores que pertenecen al mismo partido (PRI), aunque hayan dejado a sus estados en la bancarrota y con una carga financiera insoportable.
Ojalá que esta iniciativa prospere y que este nuevo organismo en realidad investigue y sancione a los servidores públicos de todos niveles, no sólo de la federación, sino también de los estados y municipios que ejerzan recursos de carácter federal; por lo menos ese parece ser el objetivo.
Por otra parte, el diputado priísta Guillermo Anaya presentó una Iniciativa de Ley para poner candados y topes al endeudamiento de los estados y municipios, para que estos no puedan contratar préstamos si no son para inversiones públicas productivas, y que estos préstamos no deberán de exceder del 0.5 del PIB estatal del año fiscal correspondiente, si no es con la autorización de los congresos locales; aquí es donde la puerca torció el rabo,  pues los diputados en casi todos los estados, como es el caso de Nayarit, son simples empleados del gobernador en turno y son incapaces de contradecir sus ordenes, de tal suerte que este candado es letra muerta.
Consideramos que la única forma de poder evitar el saqueo y endeudamiento de gobernadores y alcaldes podría hacerse estableciendo una modificación al artículo, 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o emprésitos sino cuando se destinen a inversiones productivas, incluyendo las que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en Ley; Y HASTA POR UN MONTO QUE NO  PODRA SER MAYOR AL QUINCE PORCIENTO DE SU PRESUPUESTO DIRECTO ANUAL DE EGRESOS Y NO PODRAN SER A UN PLAZO MAYOR AL PERIODO DE LA ADMINISTRACION QUE LO SOLICITE. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la Cuenta Pública.”
Esta sería en realidad la única forma de contener y controlar el excesivo endeudamiento estatal que a nivel  nacional sin duda ya rebasa los 500 mil millones de pesos, aunque la SHCP señala que a junio del 2012 era de 404 mil millones, pero éstos no incluyen los préstamos a corto plazo (máximo seis meses) que ocultan al igual que Nayarit  otros estados de la república y que representa más del 3 por ciento del PIB nacional.
Sin duda urgen medidas reales y concretas para terminar con los abusos y excesos de los gobernadores que ahogan el pueblo con deudas innecesarias y onerosas.
Cabe mencionar que esta modificación constitucional fué sometida a la consideración de la SHCP por los Síndicos del Contribuyente del SAT en Nayarit el pasado día 19 de mayo del 2011, pero al parecer no tuvo ningún efecto, sin embargo, volvemos a insistir en que es indispensable, ojala hiciera suya esta propuesta algunos de nuestros inútiles legisladores federales.
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