Al parecer,
existe la intención al menos por parte del presidente electo Enrique Peña
Nieto, de combatir la corrupción durante su gobierno, como se desprende del
borrador de proyecto de iniciativa para crear la COMISION NACIONAL
ANTICORRUPCION entregado a los diputados y senadores, que reconoce el
crecimiento de la corrupción en los últimos diez años, aunque en realidad la
corrupción alcanzó la cúspide en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando se
quebraron fraudulentamente bancos y grandes empresas de empresarios y banqueros
amigos del presidente que ordeñaron sus empresas y las endeudaron con la banca
comercial, también propiedades de influyentes personajes cercanos a ese
corrupto presidente que hizo que el gobierno, o más bien el pueblo, cargara con
una deuda que jamás contrajo por más de cien mil millones de dólares, que
ocasionó que millones de mexicanos perdieran gran parte de su patrimonio
familiar, así como inmuebles y casas habitación y nos endeudó por más de 30
años, deuda que en la actualidad no se ha pagado y todavía se adeudan por parte
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (antes FOBAPROA) a los bancos privados cerca de seiscientos
mil millones de pesos más intereses (alrededor de 50 mil millones de dólares).
Los
priistas pretenden redescubrir el hilo negro al decir que “El fenómeno de la
corrupción se ha extendido en los años recientes”, olvidando sexenios como el
de Salinas de Gortari, donde hubo magnicidios, endeudamiento desorbitado y
hasta investigaciones polémicas con el apoyo de Brujas como “La Paca”,
¿recuerda usted?
La
iniciativa es sin duda positiva, sin importar de donde venga siempre que
fortalezca una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas,
puesto que nuestro país según el INDICE DE PERCEPCION DE LA CORRUPCION (IPC),
elaborado anualmente por “TRANSPARENCIA INTERNACIONAL” ubica a Mexico en el
lugar 100 de 183 en materia de corrupción, siendo el numero 1 el menos corrupto
y 183 el más corrupto, con una calificación de 3 de una escala donde cero es la
mayor corrupción y diez es la menor, por lo que también en este renglón estamos
reprobados como país; en América Latina, México ocupa el lugar 20 de 32 países
en IPC, y en el Grupo de los 20, ocupa el lugar 16, es decir, con mucha
corrupción.
Lo anterior
pone de manifiesto la enorme necesidad de reducir la corrupción, que además se
ve fortalecida por la gran impunidad de que gozan en México los políticos y
funcionarios deshonestos en los 3 niveles de gobierno, Federal, Estatal y
Municipal, pero sobre todo en los dos últimos, donde los congresos estatales y
sus respectivos órganos de fiscalización, como empleados del Virrey o sátrapa
en turno, se dedican a tapar las irregularidades y los fraudes que cometen
contra el pueblo los Gobernadores, como en el caso de Nayarit con Ney M
González, Coahuila con Humberto Moreira y otros ladrones de esta calaña, que
pese a sus crímenes contra el patrimonio de su estado y de sus ciudadanos,
gozan de absoluta impunidad y la protección de sus sucesores que pertenecen al
mismo partido (PRI), aunque hayan dejado a sus estados en la bancarrota y con
una carga financiera insoportable.
Ojalá que
esta iniciativa prospere y que este nuevo organismo en realidad investigue y
sancione a los servidores públicos de todos niveles, no sólo de la federación,
sino también de los estados y municipios que ejerzan recursos de carácter
federal; por lo menos ese parece ser el objetivo.
Por otra
parte, el diputado priísta Guillermo Anaya presentó una Iniciativa de Ley para
poner candados y topes al endeudamiento de los estados y municipios, para que
estos no puedan contratar préstamos si no son para inversiones públicas
productivas, y que estos préstamos no deberán de exceder del 0.5 del PIB
estatal del año fiscal correspondiente, si no es con la autorización de los
congresos locales; aquí es donde la puerca torció el rabo, pues los diputados en casi todos los estados,
como es el caso de Nayarit, son simples empleados del gobernador en turno y son
incapaces de contradecir sus ordenes, de tal suerte que este candado es letra
muerta.
Consideramos
que la única forma de poder evitar el saqueo y endeudamiento de gobernadores y
alcaldes podría hacerse estableciendo una modificación al artículo, 117
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
quedar como sigue:
“Los
Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o emprésitos sino
cuando se destinen a inversiones productivas, incluyendo las que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que
establezcan las legislaturas en Ley; Y HASTA POR UN MONTO QUE NO PODRA SER MAYOR AL QUINCE PORCIENTO DE SU
PRESUPUESTO DIRECTO ANUAL DE EGRESOS Y NO PODRAN SER A UN PLAZO MAYOR AL
PERIODO DE LA ADMINISTRACION QUE LO SOLICITE. Los Ejecutivos informarán de su
ejercicio al rendir la Cuenta Pública.”
Esta sería
en realidad la única forma de contener y controlar el excesivo endeudamiento
estatal que a nivel nacional sin duda ya
rebasa los 500 mil millones de pesos, aunque la SHCP señala que a junio del
2012 era de 404 mil millones, pero éstos no incluyen los préstamos a corto
plazo (máximo seis meses) que ocultan al igual que Nayarit otros estados de la república y que
representa más del 3 por ciento del PIB nacional.
Sin duda
urgen medidas reales y concretas para terminar con los abusos y excesos de los
gobernadores que ahogan el pueblo con deudas innecesarias y onerosas.
Cabe
mencionar que esta modificación constitucional fué sometida a la consideración
de la SHCP por los Síndicos del Contribuyente del SAT en Nayarit el pasado día
19 de mayo del 2011, pero al parecer no tuvo ningún efecto, sin embargo,
volvemos a insistir en que es indispensable, ojala hiciera suya esta propuesta
algunos de nuestros inútiles legisladores federales.
¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?
Sus críticas y
comentarios al correo: despachosimancas@hotmail.com