Parece que
el presidente electo, Enrique Peña Nieto, desea empezar a tambor batiente su
gestión, pues sin duda tendrá un gran arranque si se aprueban, como
probablemente lo serán, las iniciativas preferentes que presentó el aún
presidente Felipe Calderón, posiblemente, o más bien, seguramente a “sugerencia”
de Peña Nieto como reformas a la Ley Laboral y a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Ahora,
además de estas dos importantes reformas, Peña Nieto acompañado por sus
coordinadores generales de transición, acaba de presentar ante los senadores
priístas una importante propuesta de reforma constitucional para dotar de mayor
fuerza y autonomía al Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos, (IFAI).
Esta
iniciativa implicará reformas a nueve artículos constitucionales y tiene como
propósito principal dotar de autonomía el IFAI, así como a los institutos
estatales de transparencia, mismos que hasta ahora, han sido simples apéndices
o empleados de los gobernadores y de muy poca utilidad han resultado.
Sin
embargo, la propuesta de Peña Nieto es muy importante, pues al darle autonomía
pretende que el IFAI actúe de manera independiente de cualquier otro poder u
órgano de gobierno, lo cual le permitirá mayor imparcialidad para su
funcionamiento adecuado en beneficio de la sociedad.
Lo anterior
permitirá, al aprobarse la reforma, que exista mayor transparencia y rendición
de cuentas en todos los niveles de gobierno, pero sobre todo en los estados y
municipios, como en Nayarit, en donde nadie sabe a ciencia cierta cuál es la
deuda total del gobierno estatal, en qué
se gastaron los préstamos bancarios, cuánto se debe a otros acreedores y
proveedores de bienes y servicios, cuánto se paga de capital e interés al mes,
a cuánto ascienden las percepciones totales de todos los políticos y funcionarios,
en qué se gasta el dinero del pueblo, cuánto cuestan los viajes del gobernador
y sus funcionarios, etc.
La
información sobre estos aspectos es imprecisa, opaca y muy escasa, las Cuentas Públicas no reflejan con claridad
la realidad de las finanzas, y los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos
información adecuada del destino que se le dá a nuestros impuestos; esta falta
de información facilita la impunidad y corrupción galopantes que se viven en
varios estados de la república, como por ejemplo Nayarit, Nuevo León, Veracruz,
Quintana Roo y Michoacán, entre otros.
La
iniciativa de Peña Nieto contra la opacidad comprende los siguientes aspectos:
-
Incrementar de 5 a 7 el número de
comisionados del IFAI
-
La renovación de los comisionados
será escalonada
-
El presidente del IFAI deberá
presentar un informe anual ante el senado
-
El instituto tendrá facultades para
atraer asuntos de relevancia nacional
-
Podrá también interponer acciones
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte
-
El titular del IFAI, así como los
encargados del resto de los organismos autónomos; el consejero jurídico de la
Presidencia de la República y los
líderes de ambas cámaras (diputados y senadores) podrán interponer
recursos ante la corte para definir en qué casos no debe hacerse pública cierta
información, cuando exista una alta probabilidad de un daño directo y
trascendente a la seguridad nacional.
-
Los estados estarán obligados a
adecuar sus Constituciones y el DF su Ordenamiento para otorgar autonomía a sus
institutos de transparencia.
Los
artículos de la Constitución General que se modificarán son los números 73, 76,
78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122.
Como puede
apreciarse, esta propuesta sin duda es positiva y necesaria para que la
sociedad pueda tener información veraz y exigir cuentas claras a políticos y
funcionarios de todos los niveles de gobierno.
Ojalá que
los titulares de los institutos estatales no sean nombrados o designados por el
Ejecutivo ni por los congresos locales respectivos, pues de lo contrario, estos funcionarios serán como en la
actualidad: simples empleados incondicionales del gobernador y se desvirtuará
por completo su función, perdiéndose el sentido de la autonomía, pues el
objetivo principal de este organismo es precisamente el de obligar a los
funcionarios a informar al pueblo qué es lo que están haciendo con los recursos
que le fueron confiados.
Para que
este instituto a nivel estatal genere confianza en la población, ES NECESARIO
QUE SEA CIUDADANIZADO, es decir, QUE TODOS LOS COMISIONADOS SENA DESIGNADOS POR
ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL como cámaras, colegios de profesionales y otras
organizaciones como la UAN, y que los nombramientos recaigan sobre
ciudadanos (hombres o Mujeres) de
reconocido prestigio que no tengan ninguna militancia política, entre otros
requisitos.
Cabe
mencionar que los estados (congresos locales) contarán con un año de plazo para
adecuar sus legislaciones y dotar de autonomía a sus Institutos de
Transparencia.
Sin duda
esta reforma deberá aprobarse a nivel federal y estatal sin ningún obstáculo,
sin embargo, esto no significa que por
sí sola vaya a resolver el problema de opacidad de la información financiera en
particular, es necesario que los comisionados reúnan el perfil y la condición
de ser independientes de los poderes del
estado, del gobierno y los partidos políticos, de no ser así, de nada servirá
el instituto con todo y la reforma.
¿USTED QUE OPINA AMABLE
LECTOR?
Sus críticas y
comentarios al correo: despachosimancas@hotmail.com
