Ante el
creciente endeudamiento de los estados, el presidente Calderón envió al
Congreso de la Unión un proyecto de reforma a la Ley Federal de Contabilidad
Gubernamental para transparentar las finanzas de los estados y el Distrito Federal. El proyecto de reforma es
para evitar, o al menos acotar el libertinaje de los gobernadores al contraer
deuda pública y obligarlos a terminar con la opacidad con la que se manejan las
finanzas públicas en todos los estados, como Nayarit en el pasado sexenio de la
muerte, encabezado por el mayor ladrón que ha producido nuestro estado, Ney M. González; pero que al parecer, por
desgracia sigue la misma tónica de opacidad y endeudamiento aplicándose en el
actual Gobierno por ineptitud y soberbia de quienes actualmente manejan las finanzas estatales como si fuera la
administración de un rancho o de un ejido, en donde el Secretario de Finanzas
no tiene facultades de decisión, y el manejo de los recursos públicos queda en
manos de subordinados con muy poca capacidad y experiencia administrativa o
financiera, incluso con la participación de algunos emisarios del pasado, cómplices del endeudamiento y de la corrupción
de la nefasta administración neycista.
Ojalá que
Roberto Sandoval rectifique el rumbo de las finanzas porque sus bisoños
funcionarios lo están llevando por el rumbo de una crisis aun mayor, todavía es
tiempo de enderezar el camino, pero como ya lo hemos dicho, el Gobernador
necesita escuchar otras voces más objetivas aunque no sean de aduladores, cuyas
lisonjas y halagos le pueden costar muy caros en términos de imagen y
resultados de su gobierno, que sean positivos o negativos, es el pueblo
finalmente el único afectado.
Volviendo al
tema de la Reforma en cuestión que Calderón propuso como iniciativa preferente
al senado; ésta pretende además de trasparentar las finanzas estatales y
municipales, evitar que los gobernadores corruptos y arbitrarios como Ney, Fidel Herrera Beltrán, Humberto
Moreira, Ulises Ruiz, Mario Marín y otros engendros semejantes, se endeuden a
espaldas de la población o desvíen el dinero que reciben para programas
sociales, educación, seguridad, obras públicas, etc; con sanciones que incluyen
hasta cinco años de cárcel a quien se niegue a rendir cuentas o falsee
información, como ha ocurrido en Nayarit.
Esta
iniciativa obliga a los gobernadores A RENDIR CUENTAS DE LA DEUDA QUE
ADQUIERAN y de las personas que
contratan.
Asimismo, incluyó
Calderón, dentro de la misma propuesta para reformar la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, que la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) tenga facultades suficientes para obligar a los
gobiernos estatales y municipales a que cumplan con el calendario autorizado,
en obras y programas que se realicen en cada estado con recursos federales, y
evitar que los órganos de Fiscalización Estatales, como el de Nayarit, se
dediquen a solapar la corrupción de gobernadores y funcionarios ladrones como
Ney y su pandilla.
Esta nueva
ley contempla medidas para evitar que los gobiernos estatales sorprendan a la
población con nuevas deudas públicas, con este fin, prevé incorporar el mandato
a las entidades de incluír en los informes trimestrales que se envían a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos relativos a las
características de las obligaciones en materia de saneamiento financiero, (léase reestructuras) y aquellas
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.
Para ello,
deberá especificar el tipo de obligación, el fin, destino y objeto; el
acreedor, proveedor o contratista; importe total que se paga o garantiza con
los recursos de dichos fondos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal;
plazo, tasa a la que en su caso, esté sujeta, e información específica respecto
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF).
Esta
propuesta contempla también que para la presentación de la Información Financiera
y la Cuenta Pública, se deberán registrar ante la Tesorería de la Federación
las cuentas bancarias específicas creadas por cada fondo de aportaciones federales,
programa de subsidios, y convenios de reasignación, con el fin de transparentar
el ejercicio de los recursos federales entregados a gobiernos locales.
Como podrás
ver, amable lector, es una excelente propuesta para controlar gobiernos
rapaces; ojalá que pronto se apruebe; aquí surge una pregunta: ¿Por qué hasta
ahora y no hace seis o doce años?
Esperamos
que Peña Nieto esté de acuerdo, pues es obvio que él es quien manda en el nuevo
Congreso de la Unión; creemos que será
el primer beneficiado con esta nueva ley porque le cortaría las uñas a muchos
sátrapas gobernadores estatales de
todos colores, evitando en cierta medida el dispendio de los recursos públicos, y le daría al nuevo gobierno un
mayor margen de maniobra con los recursos públicos que podrían destinarse AHORA
SI a resolver las necesidades más
apremiantes en materia de educación, salud, seguridad e infrestructura, porque
ya no se manejarán arbitrariamente por los gobernadores las aportaciones
federales.
También
desaparecería automáticamente el concepto o idea de muchos gobernantes
estatales, plasmado en las leyes de Deuda Pública locales, como la de Nayarit
que promovió Ney para robar más libremente al decir que no se consideran deuda
pública los préstamos bancarios a plazo máximo de 180 días; ¡Chulada ¡, de tal
forma que no se necesita autorización del Congreso Local, aunque sí se
requiriera, seguramente los diputados tricolores y sus satélites lo harían.
El proyecto
de ley en comento también impone a los municipios la obligación de difundir por
internet la información relativa al manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios.
Ambos
niveles de gobierno, estatales y municipales deberán presentar un informe de
los programas que hayan cumplido o los avances que registren, antes de
presentar su petición de presupuesto anual, tanto frente a los congresos
estatales como ante los cabildos.
Todo lo
anterior suena muy bien, pero primero debe ser aprobado el proyecto de Ley, y
en el mismo evento, aprobar el inicio de su vigencia que sin duda tendrá la
oposición de la mayoría de los gobernadores, quienes en los últimos doce años
se han convertido en auténticos señores feudales, ante la desaparición de la Presidencia
Imperial en el año 2000, tal vez por este motivo sea bueno el ascenso al poder
de Peña Nieto si logra someter a los 32 virreyes en los estados, pero en
particular a los tricolores, que sin duda le cobrarán el apoyo económico y
político a su candidatura presidencial.
¿USTED QUE OPINA AMABLE
LECTOR?
Sus críticas y
comentarios al correo: despachosimancas@hotmail.com
